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    ISBE es el salto español hacia una red blockchain interoperable y regulada

     

    ISBE es el salto español hacia una red blockchain interoperable y regulada


    España ha dado un paso tangible con la Infraestructura de Servicios Blockchain de España, ISBE, impulsada por la Comunidad de Madrid y ejecutada por el consorcio Alastria. En julio de 2025 se presentó su Producto Mínimo Viable.


    Una fase que confirma la viabilidad técnica y la hoja de ruta para desplegar una red nacional de servicios blockchain con vocación pública y privada, alineada con la European Blockchain Services Infrastructure.


    La propia Alastria sitúa el hito del MVP el 10 de julio y detalla que el diseño adopta principios de despliegue reproducible y resiliencia operativa desde la primera iteración. El encaje institucional y financiero aparece formalizado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.


    El convenio de 7 de marzo de 2025 establece que Comunidad de Madrid y Alastria serán cotitulares de la red y que el proyecto se financia con aportaciones propias y con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, dentro del Plan de Recuperación.


    El documento fija un presupuesto, con paquetes de trabajo que van desde el desarrollo del cliente de red y el despliegue de nodos hasta los casos de uso y la gobernanza.


    Encaje europeo: Identidad, interoperabilidad y mercados supervisados


    ISBE nace para integrarse en el ecosistema de la EBSI, la infraestructura europea de servicios blockchain, una red de nodos operada por los Estados miembros y la Comisión con estándares comunes para servicios transfronterizos.


    En la documentación oficial de la Comisión se describe EBSI como una red peer-to-peer con capas funcionales pensadas para credenciales verificables, trazabilidad y registros públicos interoperables, un marco al que ISBE aspira a conectarse siguiendo los mismos principios de gobierno y técnica.


    El otro pilar regulatorio es eIDAS2, que despliega la cartera europea de identidad digital y eleva los requisitos de seguridad y usabilidad para servicios de confianza en los Estados miembros.


    La Agencia Española de Protección de Datos ha subrayado el objetivo de eIDAS2 de reforzar la interoperabilidad y la confianza, un punto crítico cuando la red nacional quiera cursar credenciales y firmas en trámites públicos o en procesos empresariales.


    Además, España participa en pilotos europeos de verificación de edad y credenciales, que conectan con la estrategia de identidad digital y muestran la madurez del país en pruebas de campo.


    En ese escenario, la negociación de derivados y futuros de Bitcoin dentro de marcos supervisados cobra sentido cuando identidad, custodia y trazabilidad pueden apoyarse en infraestructuras interoperables como EBSI e ISBE.


    El despliegue de MiCA en 2025 puede facilitar la convergencia entre infraestructura y supervisión para que proveedores y bancos operen con estándares homogéneos en Europa, sin que este texto suponga una recomendación de inversión.


    Qué aporta el MVP: Ingeniería reproducible y operación observable


    El MVP presentado por Alastria detalla una arquitectura “Infrastructure as Code” para que la red sea desplegable y auditable de forma consistente, con nodos validadores y de arranque ubicados en distintas zonas de disponibilidad en la nube para reforzar la resiliencia.


    El sistema de observabilidad incorpora métricas, paneles y alertas que habilitan respuestas automáticas y niveles de servicio exigentes, un requisito indispensable cuando el objetivo es ofrecer servicio a administraciones públicas y a empresas con obligaciones de continuidad.


    Estas piezas técnicas se completan con contratos inteligentes y APIs para que desarrolladores, centros tecnológicos y universidades integren casos de uso sin partir de cero.


    Medios tecnológicos españoles han ampliado el detalle, subrayando que la propuesta de valor no es una cadena única sino una infraestructura de servicios capaz de conectar redes y capas funcionales con gobernanza común, una aproximación más cercana a un tejido de redes interoperables que a un único ledger nacional.


    Gobernanza y financiación: Cotitularidad y modelo de red


    El convenio publicado en el BOCM especifica que Comunidad de Madrid y Alastria comparten la titularidad de los resultados y de la propia red, en un modelo en el que los nodos serán operados por múltiples entidades autorizadas.


    La financiación combina fondos MRR y fondos propios, con distribución nominativa y calendario de entregables que incluye red operativa en producción al cierre del periodo. Además de los aspectos económicos, el documento exige diseño de un modelo de sostenibilidad y un comité de gobernanza con representación pública y privada.


    Incluyendo la definición de reglas de operación y actualización de red. Este enfoque encaja con la vocación de convertir a Madrid en un polo de confianza digital, una narrativa recogida en prensa económica y de innovación, que sitúa a ISBE como vector para servicios públicos digitales y para la competitividad del tejido empresarial.


    Casos de uso prioritarios: Credenciales, trazabilidad y registros


    Las prioridades apuntan a identidad digital y credenciales académicas, trazabilidad en cadenas de suministro y registros notariales o administrativos, en línea con los casos de EBSI y los proyectos europeos de credenciales como DC4EU.


    El vínculo con eIDAS2 puede permitir que las credenciales emitidas en España sean verificables en otros Estados miembros, abriendo la puerta a matrículas universitarias, expedientes académicos, permisos profesionales o certificaciones sanitarias con garantías jurídicas.


    En trazabilidad, la combinación de registros distribuidos, identidad y verificación de documentos permite implantar circuitos anti-fraude o pasaportes de producto, desde alimentación hasta movilidad eléctrica.


    De forma que el consumidor o el regulador puedan comprobar el rastro completo sin revelar más datos de los necesarios. La ambición de ISBE es habilitar ese tipo de servicios como “plataforma país”, no caso a caso inconexo, y hacerlo bajo requisitos de protección de datos y auditoría continua.


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